Esa "paja" es letra muerta

Las autoridades Ejecutivas, Judiciales y Electorales Venezolanas perdieron su legitimidad toda vez que las acciones que ejecutan dan cuenta de que en Venezuela rige una dictadura que, sin ningún empacho, viola la constitución, desconoce la institucionalidad democrática y menoscaba los derechos humanos.

Ante esta realidad, las posiciones timoratas sólo contribuyen y afianzan la continuidad dictatorial, tal como si en este país no se hubiese declarado y firmado el acta de Independencia el 5 de julio de 1.811, que le abrió paso a un período de 20 años de luchas, batallas y hasta la declaración de la guerra a muerte para que el 24 de junio de 1.821 se sellara la independencia en la Batalla de Carabobo. 

Hoy, Venezuela vive una severa crisis propiciada por un régimen dictatorial que no cesa en sus abusos y atropellos, que mantiene al país en una guerra política, social y económica que causa unos 80 muertos diarios caídos a manos de la violencia y un sin número de desplazados, sin dejar de lado la devastación económica y la inseguridad que nos impone un hampa desbordada.

Cuanto antes, deberíamos emprender el camino que permita derrocar la dictadura mediante una lucha ciudadana y de resistencia civil que restaure la democracia perdida. Sólo así podremos construir el camino hacia la paz y la libertad.

Se necesita una posición firme y contundente, que de manera clara le diga al régimen que sus prácticas no tienen lugar en Venezuela y que la confrontación durará hasta que sus jerarcas entreguen el poder y que el único dialogo posible es para ratificar que los principios de la democracia y el resguardo de la libertad, la paz y los derechos humanos no se negocia.

Lamentablemente, el acuerdo de fecha 13 de octubre de 2.016 me causó una decepción mayúscula. Su contenido es "pura paja inejecutable" que servirá para alimentar el ego de unos, la esperanza de los incautos y una celebración revolucionaria ante un acuerdo bobalicón e imbécil.

Me hubiese gustado leer un acuerdo de la Asamblea Nacional con la contundencia necesaria para que los líderes con coraje  ejecuten las acciones necesarias para derrocar la dictadura. Un acuerdo de emplazamiento al dictador, de desconocimiento de las autoridades como lo manda la constitución y que públicamente fuese refrendado con la rúbrica de los 113 diputados que ostentan la responsabilidad con que les invistió el soberano. Ese sería un buen paso para encender y avivar el apoyo solidario de una sociedad deseosa de un cambio que no resulta posible por la vía institucional, pacífica o electoral. 

Ante la cruda realidad, ya no caben las pusilánimes medias tintas, el país demanda un algo así como que: haremos que se vayan o nos matan en nuestro intento, los muertos serán de quien los mate y su dueño los pagará con creces. 

Lamentablemente, quienes conducen la política venezolana se olvidaron, desconocen o les da miedo asumir que “los conflictos se resuelven por consenso o por violencia” y que el máximo exponente de la violencia: “la guerra, es la continuación de la política por otros medios”, y por ello no afrontan con entereza la guerra declarada por el régimen. 

Si fuese distinto, me imagino a una Asamblea Nacional, que en su interés por restaurar la paz y la libertad ciudadana, promulgaría un acuerdo en términos similares a lo siguiente:

Acuerdo para restituir la Democracia y los Derechos Humanos. 

PRIMERO:

La Asamblea Nacional, en su lucha por la paz y la libertad, desconoce al Poder Ejecutivo Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral, toda vez que en el ejercicio de su autoridad y sus funciones contrarían los valores, principios y garantías democráticas y menoscaban los derechos humanos.

SEGUNDO: 

Se encarga a la Directiva de la Asamblea Nacional para que en plazo de dos semanas presente un plan para la realización del Referendo Revocatorio, con el apoyo de la sociedad civil. El plan deberá incluir, al menos, la designación  de las autoridades que de manera supletoria conducirán y validarán este proceso de votación, la estructura para su celebración, la fuente para su financiamiento y los términos y condiciones que le darán validez al resultado, que de ser favorable,  de manera invariable conducirá al proceso electoral para la elección del Presidente que culminará el período constitucional que ejerce el Ciudadano Nicolás Maduro Moros, ya desconocido en el ejercicio de sus funciones.

El plan solicitado será aprobado por esta Asamblea y su ejecución y efecto será inmediato, una vez publicado en los medios de difusión de la Asamblea Nacional y medios de comunicación nacional.

TERCERO:

Se le advierte al Alto Mando Militar, al mando de los componentes de la Fuerza Armada y a los diferentes cuerpos de seguridad del estado que la subordinación a un Poder Ejecutivo que ha sido constitucionalmente desconocido por esta Asamblea Nacional en ejercicio de la voluntad soberana manifestada mediante el voto popular el pasado 6 de diciembre de 2015, conlleva a asumir las consecuencias que derivan de la complicidad necesaria en los actos ya cometidos o que se cometan contrariando los valores, principios y garantías democráticas y  menoscabando los derechos humanos.

CUARTO:

Se incorpora a la Asamblea Nacional a los diputados electos, por el Estado Amazonas, el 6 de diciembre de 2015.

QUINTO:

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, en un plazo de una semana presentará, para aprobación en sala plena, un plan organización y acción de la sociedad venezolana con el propósito de ejecutar un movimiento cívico nacional en defensa de la aplicación del presente acuerdo.

SEXTO:

Notificar a las organizaciones internacionales, a través del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos; al Secretario General y al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), las autoridades del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para que conozcan de esta decisión soberana ejercida en representación de una mayoría Venezolana que ha sido vulnerada en el ejercicio de sus derechos constitucionales y que se ejerce con el propósito de restituir el orden democrático.

SÉPTIMO: Notificar del presente acuerdo al cuerpo diplomático acreditado en el país

OCTAVO: Dar publicidad al presente Acuerdo mediante su publicación a través de los medios de difusión de la Asamblea Nacional y medios de comunicación nacional.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 13 días del mes de octubre de dos mil dieciséis.

Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.