domingo, 24 de enero de 2016

La Economía Venezolana: Una crisis con solución


La crisis económica que vive Venezuela se ha perpetuado como consecuencia de la crisis ético-moral que arrastramos como una sociedad que se acostumbró a vivir gobernada bajo un doble discurso que resumo en dos frases. Una, del ex presidente honorario de Acción Democrática, Gonzalo Barrios: “en Venezuela no hay razones para no robar”  y otra que, mencionada en una reunión de dirigentes del actual gobierno, refleja el concepto actual en el ejercicio de la administración pública: “Ahora, el barril de melaza está en nuestro potrero y se lo come nuestro ganado”.
El venezolano de a pié, resintió los efectos de la crisis económica a partir del viernes negro de 1.983. Desde ese entonces la crisis ha sido indetenible porque las acciones ejecutadas por la sucesión de gobiernos durante los últimos 33 años sólo han logrado magnificarla a niveles, todavía, desconocidos e insospechados. Para el venezolano de a pie, lo que se ve y se resiente es el deterioro del valor de su trabajo, llámese poder adquisitivo y su calidad de vida. Lo demás queda para políticos y expertos.
La evidencia en la escalada de la crisis económica y su origen moral ha sido puesta en evidencia por cada presidente de la república y se ha acuñado con frases infames.
El 12 de marzo de 1979, el líder Copeyano: Luis Herrera Campíns en el discurso de inauguración de su período de gobierno reseña que recibe un país hipotecado. Esa hipoteca, según Luis Herrera, se gestó bajo el gobierno de Acción Democrática presidido por Carlos Andrés Pérez entre 1.974 y 1979, muy a pesar de que Venezuela gozó de la más alta renta petrolera en su historia, más sin embargo, en la creencia de que el “boom petrolero” era inagotable, la dirigencia política generó los efectos que llevaron al país al cuadro insostenible de desaceleración económica, inflación y deuda pública que resumió así: "Me toca recibir una economía desajustada y con signos de graves desequilibrios estructurales y de presiones inflacionarias y especulativas, que han erosionado altamente la capacidad adquisitiva de las clases medias y de los innumerables núcleos marginales del país. Recibo una Venezuela Hipotecada".
Ante esta realidad y mientras Venezuela iniciaba una etapa de austeridad económica, ocurrieron eventos a nivel internacional que provocaron un nuevo incremento en los precios del petróleo, se avizoró un nuevo tiempo de bonanza y se abandonaron los correctivos necesarios. Luego, los venezolanos despertamos del sueño de la bonanza generada por el “boom petrolero” y nos percatamos de la pesadilla que, pactada tras bastidores, quedó marcada por el emblemático 18 de febrero de 1983: el "Viernes Negro", nació aquí el control de cambio y, a poco, concluyó un gobierno que fracasó sin intento de afrontar la crisis para dominarla, en contrario con su conducta evasiva la magnificó.
El 2 de febrero de 1984, Jaime Lusinchi inaugura su gobierno diciendo: “La Venezuela del presente es a la vez creación y víctima de un fenómeno bien conocido: el súbito estallido de una riqueza fácil y casi gratuita, exacerbada por el alza repentina de los precios del petróleo. Esta contingencia, que puso en nuestras manos la posibilidad inmediata de realizar grandes ambiciones, desencadenó en nuestra sociedad cambios radicales y agravó en la colectividad nacional nefastas tendencias al despilfarro, la malversación y el aprovechamiento ilícito. …/… la calidad de la vida se ha deteriorado. El desempleo se extiende como una mortificante preocupación. La delincuencia ha venido en ascenso. La justicia se administra en forma muy poco con fiable. Los servicios públicos se encuentran en estado deplorable. La inflación se encubre, más que se contiene, tras la cortina del endeudamiento semi-clandestino y el cultivo sistemático de la insolvencia contra los agricultores que entregan sus cosechas, los constructores que contratan obras públicas o quienes de algún modo negocian con el Estado. Digo, sencillamente, que es mí propósito indeclinable poner cese a esta perturbadora realidad”.
Lusinchi describió con claridad y sin ambages la realidad que debía afrontar y anunció un propósito indeclinable. Durante su gestión habló de haber logrado “el mejor refinanciamiento de deuda del mundo” y  “del milagro agrícola” mientras que a espaldas del conocimiento público se profundizaba la crisis. Al final de su gobierno huyó a hurtadillas tras pronunciar una frase de idota: “los banqueros me engañaron”. Dejó un país menguado en sus reservas internacionales y una economía en crisis sin precedentes.
La década de los 90 abrió tras la revuelta de febrero de 1.989, conocida como “El Caracazo”, fue esa una manifestación de rebeldía frente a un programa de reformas que, sin hacer razonamiento alguno u ofrecer compensaciones transitorias, le impuso al pueblo el costo del reacomodo económico, mientras los responsables del desastre campeaban en el mundo político, así de grave era la situación del momento.
Al Caracazo le sucedieron los golpes de estado de febrero y noviembre de 1.992, la defenestración de Carlos Andrés Pérez en el ejercicio de la Presidencia de la República, el ocultamiento de la crisis de insolvencia financiera que, al reventar, arrasó con más de un tercio de la Banca Nacional y cuya contención se hizo con auxilios financieros irresponsables que generaron una devaluación con fines fiscales, el restablecimiento del control de cambio, el establecimiento de impuestos nunca antes pensados para un país con las riquezas que administran sus gobernantes y una inflación que alcanzó 103,2% en 1.996. Fue una era de contradicción: Los bancos quebrados y sus banqueros enriquecidos.
En esta década afloró la crisis en todos los órdenes del acontecer nacional: una crisis política con guerras intestinas entre los diferentes liderazgos; una crisis económica desatendida, primero por un gobierno interino y luego por el indeciso gobierno de Rafael Caldera; una crisis militar condenada con el pensamiento expresado por  David Morales Bello en sus palabras ante el Congreso de la República: “Se condena en una sola palabra: Muerte a los Golpistas”, mientras otros bandos la justificaban con frases como la de Rafael Caldera: “La Democracia no puede existir si los pueblos no comen”; y una turbulencia social que presagiaba protestas violentas en demanda de un sistema de gobierno distinto. Esta década cerró acuñada con la frase de Teodoro Petkoff,  ministro y elocuente vocero de un gobierno con un presidente silente: “Estamos mal, pero vamos bien.”  Así, llegó la revolución que gobierna para empobrecer al ciudadano.
En febrero de 1.999, me incorporé al gobierno nacional para ejercer como Jefe de la Oficina Central de Presupuesto de la Nación, mi dependencia jerárquica directa con el Presidente de la República me permitió conocer la magnitud de la crisis económica Venezolana: no había dinero suficiente para cubrir los gastos de los diferentes niveles de gobierno; en el gobierno anterior no se aprobó una ley de presupuestos para ese año y hubo necesidad de reconducir un presupuesto ampliamente deficitario; un déficit fiscal creciente y fuera de control; con el conocimiento, complacencia y disposición del ministro y elocuente vocero, PDVSA había transferido dinero al gobierno central mediante la emisión de deuda, porque el diferencial entre el costo de producción y el precio de venta del petróleo no generaba obligaciones fiscales suficientes para que el gobierno pudiera cubrir unos gastos inflados durante la campaña electoral de 1.998, esto llegó a la aberración de distribuir un inexistente situado constitucional contra la emisión de deuda de PDVSA, ello como un pacto político entre quienes hacían mesa en el congreso para aprobar la insensatez de un reparto en una especie de “raspao de olla” en momento de desbandada; una enorme deuda estructurada y documentada que, además, dejaba al margen otra deuda: la oculta y no contabilizada, que estaba constituida por los pasivos laborales con los funcionarios de la administración pública, deudas con los prestadores de servicios y proveedores que suplían a las dependencias del gobierno central y de los gobiernos estadales y municipales, y a más de 200 instituciones descentralizadas donde se ocultaban pérdidas, simulaban ganancias y mantenían pasivos de diferente naturaleza.
La apremiante realidad obligaba a actuar para resolver valiéndose de la experiencia que acumulada desde febrero de 1.983. Gracias a Dios la receta de los expertos en economía y finanzas es sencilla y se asemeja a la que habría de hacerse en un hogar responsable:


  1.     Equilibrar los Ingresos y con los Gastos.
  2.     Reducir progresivamente el déficit acumulado.
  3.     Adquirir sólo los compromisos financieros que demuestren su viabilidad.
  4.     Endeudarse sólo para financiar actividades o activos que aseguren su amortización.
  5.     Construir un fondo de contingencia para cubrir la volatilidad de los ingresos.
Así, la Constitución Nacional aprobada en 1.999, en el Título que trata “Del Sistema Socio Económico”, le dio rango constitucional a la receta y en el artículo 271 incluyó su protección indicando que no prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos que se comentan contra ella.
El caso fue que, para la administración de las financias públicas el gobierno optó por una receta distinta a la constitucional: La receta de Fidel Castro, esa de la cual el actual jefe de la fracción parlamentaria de la bancada oficialista enunció uno de sus componentes: no es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren ser escuálidos”
Para proteger a la República de la volatilidad de los ingresos petroleros la misma constitución, mediante el artículo 321, creó el fondo de contingencia:
Se establecerá por ley un fondo de estabilización macroeconómica destinado a garantizar la estabilidad de los gastos del Estado en los niveles municipal, regional y nacional, ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios.
Este Fondo llegó a acumular $ 7.100,00 millones antes de cumplir sus primeros dos años de existencia, en esa época el precio promedio de la cesta petrolera Venezolana estaba por debajo de los $20,00/Barril. Saque usted una cuenta para imaginarse cuanto podría ser saldo a la fecha de hoy: son unos 15 años adicionales con precios de petróleo que rayaron por encima de $150/barril. ¿Apostaría por un saldo de unos 300.000 millones de dólares y un país sin deuda externa y sin déficit fiscal?.
Sin embargo lo que ocurrió fue que el gobierno, a mediados de 2.001, percibió una posible era de bonanza petrolera y entró en etapa de indisciplina fiscal. El populismo, el clientelismo y las conexiones amistosas retomaron la administración pública, el fondo comenzó a descapitalizarse por la violación constitucional cometida cuando Nelson Merentes ocupaba la cartera de Finanzas, entre noviembre de 2001 y febrero de 2002.
Primero se dejó de realizar el ahorro en el entonces llamado Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM) por un monto de 3,03 billones de bolívares, que según admitió Merentes: “se destinaron para cancelar sueldos, salarios y gasto social”. Luego, para el cierre de 2.003 se habían retirado unos $ 6.400,00 millones dejando en el fondo un saldo de $700 millones que fueron drenados en 2011. Hoy el fondo cuenta con un saldo de $2 millones. Para que estos retiros del fondo ocurrieran y para dejar a discreción del Ministro de Finanzas la facultad de ahorrar o no hacerlo, la Asamblea Nacional realizó cinco reformas a la Ley del Fondo para la Estabilidad Macro-Económica. Ninguno de los poderes públicos actuó en protección de los intereses de la nación y de sus ciudadanos.
El establecimiento de las responsabilidades administrativas y civiles dictados en ese entonces fue bloqueado políticamente y los malhechores prosiguen en sus fechorías.
La dimensión financiera de la crisis económica de hoy ERA PREVISIBLE y el país, mediante referendo, le dio rango constitucional a la fórmula para enfrentarla. Fórmula esta que fue violada por los mismos agentes del poder Nacional que debían cumplirla y protegerla: he allí los responsables; dígase el poder ejecutivo nacional encabezado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, como autores materiales, dígase el Banco Central de Venezuela y la Asamblea Nacional como cómplices necesarios, dígase el poder Ciudadano y  el Poder Judicial que, por omisión, son corresponsables de tales violaciones.
La receta económico-financiera de Fidel Castro ha sido aplicada al pie de la letra: La riqueza que exceda a la necesaria para cubrir las necesidades elementales de la sociedad hay que quemarla porque estorba al objetivo político. Así hemos visto como la riqueza generada durante la bonanza petrolera del siglo XXI se regaló, se dilapidó y se la robaron aprovechando la mirada silente de nuestra sociedad, esa que se ha acostumbrado al doble discurso ejercido por una dirigencia política que hoy se debate entre culpables y salvadores. La riqueza se esfumó y hoy nos conformamos con calificar a los delincuentes y sus cómplices como enchufaos o boliburgueses a sabiendas que dichos epítetos esconden tanto a culpables como salvadores.
Para no incurrir en los errores del pasado no podemos dejar de lado que durante los últimos 15 años hemos visto con naturalidad como se cumple eso de que: “Ahora, el barril de melaza está en nuestro potrero y se la come nuestro ganado”. Tampoco podemos dejar de lado que durante los 15 años anteriores vimos cómo se cumplía eso de que: “en Venezuela no hay razones para no robar”.
El tiempo nos dirá que será de Venezuela dentro de 15 años. Hoy, se ha pronunciado una mayoría que espera por un cambio, es una mayoría sin etiqueta política, es una mayoría que aspira un sistema que le genere le bienestar, prosperidad y seguridad. Ese cambio lo pautará la dirigencia política nacional mostrando coherencia en el pensamiento evocado con sus palabras y puesto de manifiesto con el ejemplo de sus acciones.
La receta para vencer la crisis económica está escrita en la constitución y es de fácil lectura y comprensión. Sin embargo, es muy difícil al momento de ejecutarla. Me consta que para su ejecución, quienes gobiernen tendrán que asumir el precio que demanda tan magna empresa, el país lo merece y lo necesita.
Se necesita voluntad, fortaleza y disciplina para poner de lado el clientelismo, el populismo, el favoritismo, el despilfarro, la malversación, el aprovechamiento ilícito y el “pago de facturas con cargo al erario público” como enemigos acérrimos del fundamento ético-moral en la administración pública. Pero también se necesita voluntad, fortaleza y disciplina para distribuir las cargas con justicia, respeto y ponderación.