La crisis económica que vive Venezuela se ha perpetuado como consecuencia
de la crisis ético-moral que arrastramos como una sociedad que se acostumbró a
vivir gobernada bajo un doble discurso que resumo en dos frases. Una, del ex
presidente honorario de Acción Democrática, Gonzalo Barrios: “en Venezuela no hay razones para
no robar” y otra que, mencionada en una reunión de
dirigentes del actual gobierno, refleja el concepto actual en el ejercicio de
la administración pública: “Ahora, el barril de melaza está en nuestro
potrero y se lo come nuestro ganado”.
El venezolano de a pié, resintió los efectos de la crisis económica a
partir del viernes negro de 1.983. Desde ese entonces la crisis ha sido indetenible
porque las acciones ejecutadas por la sucesión de gobiernos durante los últimos
33 años sólo han logrado magnificarla a niveles, todavía, desconocidos e
insospechados. Para el venezolano de a pie, lo que se ve y se resiente es el
deterioro del valor de su trabajo, llámese poder adquisitivo y su calidad de
vida. Lo demás queda para políticos y expertos.
La evidencia en la escalada de la crisis económica y su origen moral ha
sido puesta en evidencia por cada presidente de la república y se ha acuñado
con frases infames.
El 12 de marzo de 1979, el líder Copeyano: Luis Herrera Campíns en el
discurso de inauguración de su período de gobierno reseña que recibe un país
hipotecado. Esa hipoteca, según Luis Herrera, se gestó bajo el gobierno de Acción
Democrática presidido por Carlos Andrés Pérez entre 1.974 y 1979, muy a pesar
de que Venezuela gozó de la más alta renta petrolera en su historia, más sin
embargo, en la creencia de que el “boom petrolero” era inagotable, la
dirigencia política generó los efectos que llevaron al país al cuadro insostenible
de desaceleración económica, inflación y deuda pública que resumió así: "Me toca recibir una economía
desajustada y con signos de graves desequilibrios estructurales y de presiones
inflacionarias y especulativas, que han erosionado altamente la capacidad
adquisitiva de las clases medias y de los innumerables núcleos marginales del
país. Recibo una Venezuela Hipotecada".
Ante esta realidad y mientras Venezuela iniciaba una etapa de austeridad
económica, ocurrieron eventos a nivel internacional que provocaron un nuevo incremento
en los precios del petróleo, se avizoró un nuevo tiempo de bonanza y se
abandonaron los correctivos necesarios. Luego, los venezolanos despertamos del sueño
de la bonanza generada por el “boom petrolero” y nos percatamos de la pesadilla
que, pactada tras bastidores, quedó marcada por el emblemático 18 de febrero de
1983: el "Viernes Negro", nació aquí el control de cambio y, a poco, concluyó
un gobierno que fracasó sin intento de afrontar la crisis para dominarla, en
contrario con su conducta evasiva la magnificó.
El 2 de febrero de 1984, Jaime Lusinchi inaugura su gobierno diciendo: “La Venezuela del presente es a la vez
creación y víctima de un fenómeno bien conocido: el súbito estallido de una
riqueza fácil y casi gratuita, exacerbada por el alza repentina de los precios
del petróleo. Esta contingencia, que puso en nuestras manos la posibilidad
inmediata de realizar grandes ambiciones, desencadenó en nuestra sociedad
cambios radicales y agravó en la colectividad nacional nefastas tendencias al
despilfarro, la malversación y el aprovechamiento ilícito. …/… la calidad de la
vida se ha deteriorado. El desempleo se extiende como una mortificante
preocupación. La delincuencia ha venido en ascenso. La justicia se administra
en forma muy poco con fiable. Los servicios públicos se encuentran en estado
deplorable. La inflación se encubre, más que se contiene, tras la cortina del
endeudamiento semi-clandestino y el cultivo sistemático de la insolvencia
contra los agricultores que entregan sus cosechas, los constructores que
contratan obras públicas o quienes de algún modo negocian con el Estado. Digo,
sencillamente, que es mí propósito indeclinable poner cese a esta perturbadora
realidad”.
Lusinchi describió con claridad y sin ambages la realidad que debía afrontar
y anunció un propósito indeclinable. Durante su gestión habló de haber logrado “el
mejor refinanciamiento de deuda del mundo” y “del milagro agrícola” mientras que a espaldas
del conocimiento público se profundizaba la crisis. Al final de su gobierno huyó
a hurtadillas tras pronunciar una frase de idota: “los banqueros me engañaron”.
Dejó un país menguado en sus reservas internacionales y una economía en crisis sin
precedentes.
La década de los 90 abrió tras la revuelta de febrero de 1.989, conocida
como “El Caracazo”, fue esa una manifestación de rebeldía frente a un programa
de reformas que, sin hacer razonamiento alguno u ofrecer compensaciones
transitorias, le impuso al pueblo el costo del reacomodo económico, mientras
los responsables del desastre campeaban en el mundo político, así de grave era
la situación del momento.
Al Caracazo le sucedieron los golpes de estado de febrero y noviembre de
1.992, la defenestración de Carlos Andrés Pérez en el ejercicio de la
Presidencia de la República, el ocultamiento de la crisis de insolvencia
financiera que, al reventar, arrasó con más de un tercio de la Banca Nacional y
cuya contención se hizo con auxilios financieros irresponsables que generaron una
devaluación con fines fiscales, el restablecimiento del control de cambio, el establecimiento
de impuestos nunca antes pensados para un país con las riquezas que administran
sus gobernantes y una inflación que alcanzó 103,2% en 1.996. Fue una era de contradicción:
Los bancos quebrados y sus banqueros enriquecidos.
En esta década afloró la crisis en todos los órdenes del acontecer
nacional: una crisis política con guerras intestinas entre los diferentes
liderazgos; una crisis económica desatendida, primero por un gobierno interino
y luego por el indeciso gobierno de Rafael Caldera; una crisis militar
condenada con el pensamiento expresado por
David Morales Bello en sus palabras ante el Congreso de la República: “Se condena en una sola palabra: Muerte a
los Golpistas”, mientras otros bandos la justificaban con frases como la de
Rafael Caldera: “La Democracia no puede
existir si los pueblos no comen”; y una turbulencia social que presagiaba protestas
violentas en demanda de un sistema de gobierno distinto. Esta década cerró acuñada
con la frase de Teodoro Petkoff, ministro
y elocuente vocero de un gobierno con un presidente silente: “Estamos mal, pero vamos bien.” Así, llegó la revolución que gobierna para
empobrecer al ciudadano.
En febrero de 1.999, me incorporé al gobierno nacional para ejercer como
Jefe de la Oficina Central de Presupuesto de la Nación, mi dependencia
jerárquica directa con el Presidente de la República me permitió conocer la
magnitud de la crisis económica Venezolana: no había dinero suficiente para
cubrir los gastos de los diferentes niveles de gobierno; en el gobierno
anterior no se aprobó una ley de presupuestos para ese año y hubo necesidad de
reconducir un presupuesto ampliamente deficitario; un déficit fiscal creciente
y fuera de control; con el conocimiento, complacencia y disposición del ministro
y elocuente vocero, PDVSA había transferido dinero al gobierno central mediante
la emisión de deuda, porque el diferencial entre el costo de producción y el
precio de venta del petróleo no generaba obligaciones fiscales suficientes para
que el gobierno pudiera cubrir unos gastos inflados durante la campaña
electoral de 1.998, esto llegó a la aberración de distribuir un inexistente situado
constitucional contra la emisión de deuda de PDVSA, ello como un pacto político
entre quienes hacían mesa en el congreso para aprobar la insensatez de un reparto
en una especie de “raspao de olla” en momento de desbandada; una enorme deuda
estructurada y documentada que, además, dejaba al margen otra deuda: la oculta
y no contabilizada, que estaba constituida por los pasivos laborales con los
funcionarios de la administración pública, deudas con los prestadores de
servicios y proveedores que suplían a las dependencias del gobierno central y de
los gobiernos estadales y municipales, y a más de 200 instituciones
descentralizadas donde se ocultaban pérdidas, simulaban ganancias y mantenían
pasivos de diferente naturaleza.
La apremiante realidad obligaba a actuar para resolver valiéndose de la experiencia
que acumulada desde febrero de 1.983. Gracias a Dios la receta de los expertos
en economía y finanzas es sencilla y se asemeja a la que habría de hacerse en
un hogar responsable:
- Equilibrar
los Ingresos y con los Gastos.
- Reducir
progresivamente el déficit acumulado.
- Adquirir
sólo los compromisos financieros que demuestren su viabilidad.
- Endeudarse
sólo para financiar actividades o activos que aseguren su amortización.
- Construir
un fondo de contingencia para cubrir la volatilidad de los ingresos.
Así, la Constitución Nacional aprobada en 1.999, en el Título que trata “Del
Sistema Socio Económico”, le dio rango constitucional a la receta y en el artículo
271 incluyó su protección indicando que no prescribirán las acciones judiciales
dirigidas a sancionar los delitos que se comentan contra ella.
El caso fue que, para la administración de las
financias públicas el gobierno optó por una receta distinta a la constitucional:
La receta de Fidel Castro, esa de la cual el actual jefe de la fracción
parlamentaria de la bancada oficialista enunció uno de sus componentes: “no es
que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren ser escuálidos”
Para proteger a la República de la volatilidad de los ingresos petroleros
la misma constitución, mediante el artículo 321, creó el fondo de contingencia:
Sin embargo lo que ocurrió fue que el gobierno, a
mediados de 2.001, percibió una posible era de bonanza petrolera y entró en etapa
de indisciplina fiscal. El populismo, el clientelismo y las conexiones
amistosas retomaron la administración pública, el fondo comenzó a
descapitalizarse por la violación constitucional cometida cuando Nelson
Merentes ocupaba la cartera de Finanzas, entre noviembre de 2001 y febrero de
2002.
Primero se dejó de realizar el ahorro en el entonces
llamado Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM) por un
monto de 3,03 billones de bolívares, que según admitió Merentes: “se destinaron para cancelar sueldos,
salarios y gasto social”. Luego, para el cierre de 2.003 se habían retirado
unos $ 6.400,00 millones dejando en el fondo un saldo de $700 millones que
fueron drenados en 2011. Hoy el fondo cuenta con un saldo de $2 millones. Para
que estos retiros del fondo ocurrieran y para dejar a discreción del Ministro
de Finanzas la facultad de ahorrar o no hacerlo, la Asamblea Nacional realizó
cinco reformas a la Ley del Fondo para la Estabilidad Macro-Económica. Ninguno
de los poderes públicos actuó en protección de los intereses de la nación y de
sus ciudadanos.
El establecimiento de las responsabilidades
administrativas y civiles dictados en ese entonces fue bloqueado políticamente
y los malhechores prosiguen en sus fechorías.
La dimensión financiera de la crisis económica de
hoy ERA PREVISIBLE y el país, mediante referendo, le dio rango constitucional a
la fórmula para enfrentarla. Fórmula esta que fue violada por los mismos
agentes del poder Nacional que debían cumplirla y protegerla: he allí los
responsables; dígase el poder ejecutivo nacional encabezado por Hugo Chávez y
Nicolás Maduro, como autores materiales, dígase el Banco Central de Venezuela y
la Asamblea Nacional como cómplices necesarios, dígase el poder Ciudadano
y el Poder Judicial que, por omisión,
son corresponsables de tales violaciones.
La receta económico-financiera de Fidel Castro ha sido
aplicada al pie de la letra: La riqueza que exceda a la necesaria para cubrir
las necesidades elementales de la sociedad hay que quemarla porque estorba al objetivo
político. Así hemos visto como la riqueza generada durante la bonanza petrolera
del siglo XXI se regaló, se dilapidó y se la robaron aprovechando la mirada silente
de nuestra sociedad, esa que se ha acostumbrado al doble discurso ejercido por una
dirigencia política que hoy se debate entre culpables y salvadores. La riqueza
se esfumó y hoy nos conformamos con calificar a los delincuentes y sus
cómplices como enchufaos o boliburgueses a sabiendas que dichos epítetos esconden
tanto a culpables como salvadores.
Para no incurrir en los errores del pasado no
podemos dejar de lado que durante los últimos 15 años hemos visto con
naturalidad como se cumple eso de que: “Ahora, el
barril de melaza está en nuestro potrero y se la come nuestro ganado”. Tampoco podemos dejar de lado que durante los 15 años
anteriores vimos cómo se cumplía eso de que: “en Venezuela no hay razones
para no robar”.
El tiempo nos dirá que será de Venezuela dentro de 15 años.
Hoy, se ha pronunciado una mayoría que espera por un cambio, es una mayoría sin
etiqueta política, es una mayoría que aspira un sistema que le genere le
bienestar, prosperidad y seguridad. Ese cambio lo pautará la dirigencia
política nacional mostrando coherencia en el pensamiento evocado con sus
palabras y puesto de manifiesto con el ejemplo de sus acciones.
La receta para vencer la crisis económica está escrita en la constitución
y es de fácil lectura y comprensión. Sin embargo, es muy difícil al momento de
ejecutarla. Me consta que para su ejecución, quienes gobiernen tendrán que
asumir el precio que demanda tan magna empresa, el país lo merece y lo necesita.
Se necesita voluntad, fortaleza y disciplina para poner de
lado el clientelismo, el populismo, el favoritismo, el despilfarro, la
malversación, el aprovechamiento ilícito y el “pago de facturas con cargo al
erario público” como enemigos acérrimos del fundamento ético-moral en la
administración pública. Pero también se necesita voluntad, fortaleza y
disciplina para distribuir las cargas con justicia, respeto y ponderación.
Estas dos monedas tienen el
mismo valor nominal. Una, 1.000,00 Bolívares de los de antes de la reconversión
monetaria del año 2.008 y la otra 1,00 Bolívar Fuerte. Su valor está respaldado
por la competencia exclusiva del Banco Central de Venezuela para “preservar el valor
externo e interno de la unidad monetaria”, según lo establece el Artículo 318 de la Constitución de la RBV. 
